Cuando hace pocas semanas el Presidente Mujica se jugó todo su peso político para impedir que la bancada del Frente Amplio aprobara el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, su principal argumento fue que la coalición gobernante no podía desconocer la voluntad popular, expresada en 1989 y en 2009, en dos instancias distintas de consulta electoral en las que se ratificó la vigencia de la ley de amnistía a los militares.
Se hizo saber por distintos medios que el Presidente pensaba que el destino político del Frente Amplio dependía de esa resolución y que un desconocimiento político de lo resuelto por el cuerpo electoral significaría una condena que pondría en peligro el triunfo del Frente en 2014.
Pues bien, ahora es el mismísimo Presidente Mujica el que se dispone a violar la voluntad popular. El Secretario de la Presidencia anunció que el Poder Ejecutivo va a dictar un decreto por el que se anulan los actos administrativos de gobiernos anteriores, dictados al amparo del Derecho vigente, por los cuales se incluyeron en la Ley de Caducidad diversas denuncias por atentados a los derechos humanos durante la dictadura.
Lo que se propone hacer el Presidente Mujica es peor que lo que intentaron hacer los legisladores, ya que va a borrar por decreto lo que resolvió soberanamente el cuerpo electoral.
Como lo explica con autoridad inobjetable el Prof. Dr. Ruben Correa Freitas en la página dos de esta edición, el acto revocatorio del Presidente Mujica será absolutamente nulo desde el punto de vista jurídico y sera ilegal e inconstitucional, pero igual hará un enorme daño, porque pondrá al país en una situación límite al violentarse el Estado de Derecho. En el Uruguay de hoy los parlamentarios creen —o creyeron hasta hace unos días— que podían interpretar la constitucionalidad de las leyes, facultad exclusiva del Poder Judicial;; y ahora los gobernantes creen que por decreto pueden pisotear los principios de la cosa juzgada, de la no retroactividad de las normas penales, de los derechos legítimamente adquiridos y, lo que es peor, de la propia voluntad popular.
Aparentemente todo vale para dar vuelta la historia, esa historia cimentada desde 1985 con la amnistía a unos —y a otros— y consagrada en dos oportunidades por el voto de la gente. No hay otro caso en la trayectoria de los países democráticos en que una ley de este tipo haya sido ratificada dos veces por el sufragio y, sin embargo, con ceguera unas veces y con espíritu de venganza las otras, se sigue embistiendo contra ella, con un profundo desprecio por los pronunciamientos populares y, en definitiva, por la democracia.
El Presidente Mujica, por otra parte, caerá, nada menos que en este tema, en una contradicción flagrante con sus propias palabras ante las Fuerzas Armadas uruguayas. En su recordado discurso a los “soldados de la Patria” en la base aérea de Santa Bernardina, dijo en marzo de 2010 que había que sacarles de arriba a los militares la pesada mochila que asumieron hace 38 años, cuando dieron el golpe de estado. No hay duda de que su actual intención hará insoportable el peso de esa misma mochila que prometió liquidar.
Si el Presidente avanza por este camino —la duda cabe, dado que es tristemente normal que el señor Mujica diga una cosa y haga la contraria— el país se enfrentará con una muy compleja situación jurídica, el Poder Judicial se encontrará con un enorme problema y los uruguayos habremos perdido las garantías individuales, porque no sabremos cuál es la norma que rige y cuál la que fue derogada, ya que desde ese momento la vigencia de las leyes pasará a depender de la actuación arbitraria del Poder Ejecutivo. Eso es, lamentablemente, algo muy parecido a lo que ocurre en las dictaduras.
Semanario “Correo de los Viernes”, 1º de julio de 2011
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