¿También se convertirá en cómplice?

     Quienes tenemos los 70 allí nomás, a la vuelta de la esquina hemos visto a nuestro querido país pasar por una serie de etapas de muy variada índole, que incluyen el pasaje de un gobierno presidencial, que había caracterizado al Uruguay - desde su primera Constitución - a otro Colegiado, a raíz de la reforma del 52.

     Luego en 1958, la victoria del Partido Nacional, tras 93 años de gobiernos colorados y luego de dos períodos, el regreso al presidencialismo, con el retorno simultáneo del Partido Colorado al poder.

     Allí, ya hacía 4 años que un grupo de “iluminados” había decidido “liberarnos” de esa “maligna democracia burguesa” y para ello no encontró mejor forma que alzarse en armas, aunque no como en las patriadas, de frente, con el poncho al viento y cargando a lanza, sino asesinando, robando y secuestrando cobardemente desde las sombras. 

Eso duró unos 10 años y cuando el poder político se sintió amenazado por la magnitud que había alcanzado ese movimiento - que ya contaba con unos 5.000 efectivos,- dispuso que las FFAA los enfrentaran, con el resultado por todos conocido.

Una de las consecuencias de todo esto fue que luego, en 1973, se llegara a un quiebre institucional, que duró otros 12 años, hasta que, en 1984, las FFAA llaman a elecciones y el 1ro de marzo del año siguiente retornamos a la institucionalidad democrática.

A partir de ahí, se produjo la alternancia de gobiernos de los partidos tradicionales hasta que, en 2004 - producto de una combinación de errores de éstos, con el crecimiento de la izquierda, en ancas de la aplicación del gramscismo a ultranza – el Frente Amplio logra por primera vez una victoria en las urnas.

Ya desde 1995 el propio MLN había ganado bancas en el Parlamento y en el nuevo gobierno logró una muy buena representación, además de obtener algunos ministerios, junto con otros marxistas leninistas del Partido Comunista y el Partido Socialista.

Gracias al viento de cola de la economía mundial y a una renovada dosis de gramscismo que - desde el gobierno, la enseñanza, los medios y la cultura  - convencieron a la gente que aumentar 50% la deuda era algo sensacional, especialmente cuando se utilizaba en acciones clientelísticas, volvieron a ganar.

Pero esta vez la cosa fue peor, la izquierda más izquierda fue la que obtuvo el poder y ya ni  el viento de cola nos va a salvar.

El tema es que, por un lado, el odio y el afán de revancha los ha cegado y, como el alacrán del cuento, con la tortuga, prefieren ahogarse en el medio del río, que llegar al otro lado y construir algo bueno juntos. Por el otro, aquellos que los 60, incapaces de convencer a nadie con su retórica marxista leninista, tomaron las armas, hoy son unos incapaces gobernantes por varias razones.

- La inmensa mayoría carece de la más mínimo nivel intelectual y preparación para gestionar un quiosco, por lo que, conducir un país mucho menos. Lo malo es que se creen unos genios y hacen los disparates más grandes que alguien pueda imaginar.

- Eso se puede apreciar sólo al mirar los informativos. Cada vez que entrevistan a algún integrante del plantel de jerarcas de las distintas reparticiones del Estado, la inmensa mayoría da pena y ninguna empresa de primera línea los contrataría de porteros. Pruebe cuando los vea. Imagine que es dueño de una empresa y uno de ellos viene a pedirle trabajo. ¿De que le daría a la Titular del MIDES? ¿Y a Ana Olivera, que administra más de 300 millones de dólares?

- El propio Presidente de la República carece absolutamente de formación académica alguna y encima está convencido que “la Universidad de la calle” es muy superior a cualquier otra. Por eso desprecia a los profesionales universitarios. Por supuesto que, aún de contar con buenos asesores, no tiene la capacidad para entender y decidir sobre cuestiones complejas e importantes.

- Hay sectores muy sensibles, como el de la enseñanza y la salud, en manos de individuos totalmente ideologizados, que aún no se enteraron que cayó el muro de Berlín y la URSS se desintegró y han llevado a esos dos pilares de la sociedad oriental a un estado que nunca antes conocimos y lo triste, es que aún se van a deteriorar más.

- Dentro de esa visión, el estatismo ha llevado a incrementar dramáticamente la plantilla de funcionarios estatales y la burocracia y los cargos de confianza  - con que van copando todas las estructuras del Estado - hace que su peso se vuelva insoportable y su funcionamiento artrósico.

-   Para poder solventar ese monstruo, la carga impositiva, tanto a nivel nacional, como departamental, se ha hecho sangrienta, especialmente para la clase media, que, como siempre, es la que paga los platos rotos.

-  Como una de las cosas que más les molesta es la institucionalidad democrática y republicana, no han dudado en tratar de imponer su voluntarismo y con el lema de que “el fin justifica los medios”, han pisoteado la Constitución y todas las normas que componen nuestro Estado de Derecho, hasta llevarlo al punto de agonía. Claro que para ello han contado con un Poder Judicial cómplice. Basta ver las declaraciones de la Jueza Mota, así como su participación en la “Marcha del silencio”, o las actitudes de la Fiscal Guianze, yendo a Cuba con su colega Telechea a festejar los 50 años de la Revolución y luego destratando al Presidente en su red social. Total, si dice que “recula en chancletas”, que le va a hacer.

-  En ese sentido, la semana pasada comentamos los dichos de la Senadora Constanza Moreira, en los que afirmaba que “la justicia está subordinada al Poder Ejecutivo” y nadie le dijo nada. ¿Dónde está la Suprema Corte? ¿y el Colegio de abogados? ¿Y la magistratura? ¿Y LA OPOSICION?

-  La mano viene tan facilonga, que ya la Sen. Topolansky, otra ignorante que nunca pasó del liceo, asegura grandilocuentemente que hay que reformar la Carta Magna, como si tuviera la más pálida idea de lo que habla.    

Podríamos seguir enumerando más razones por las que afirmamos que este es un gobierno desquiciado, pero alcanza con agregar que ahora ya ni pueden hacer su famoso “Plenario” - que es el que le da las órdenes a sus representantes en el gobierno - porque están todos peleados y eso puede terminar de manera muy complicada, porque puede precipitar a los ansiosos a buscar la vía rápida – de hecho ya hemos explicado porque Mujica se transformó en un dictador, al desconocer dos decisiones del Cuerpo Electoral -  y sólo hay un factor que puede evitarlo.

¿Asumirá ese factor su responsabilidad o también se convertirá en otro cómplice, como el Poder Judicial?

Agustín Tajes 

Un presidente que hace 40 años yerra el camino.

Mi abuelita siempre decía que el que se levanta con la pata cruzada termina en el cajón haciendo un ñoqui con ambas extremidades. Ahora que me hago vieja voy aprendiendo que aquel dicho describe una brutal realidad: el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen.

A mediados- dijo mediados- de la década del sesenta un grupo de muchachos poco afectos al trabajo, impacientes y autoritarios decidieron que la vía rápida era la mejor: Robar para acrecentar hacienda, tirar bombas en lugar de  discutir ideas,  secuestrar y asesinar evadiendo  dar la batalla en el plano de las ideas. No se ocuparon en organizar un nuevo partido político porque no creían en la democracia republicana como sistema de gobierno. Así fue que abrieron la tranquera para que llegaran otros que tampoco creían en la democracia.   

Ahora, 40 años más tarde están en el poder por derecho incuestionable y con mayorías que lo atestiguan. Pese a ser crédula siempre he desconfiado de quien se vuelve democrático rápidamente solo cuando la opinión pública les favorece. Me enseñaron que es imprescindible ser legalista, democrático y republicano, gobierne quien gobierne y no cuando conviene.

Hemos abandonado la senda y cada día vamos perdiendo aquellos valores, normas y preceptos que hicieron de este país un ejemplo de libertad política y ecuanimidad jurídica que hasta el Che Guevara elogió.

Lamentablemente no hay quien reclame inteligentemente lo que en otros tiempos sería de rigor:

Políticos honestos, sabios y con un plan definido y sostenido en el tiempo.


Legisladores preparados y responsables que representen el sentir ciudadano y no mezclen el interés público con el privado. Jueces ecuánimes que no salgan con banderitas a manifestarse ni a favor ni en contra de las causas que tienen en sus carpetas.


Fiscales honorables que se retiren de una causa cuando tienen intereses personales encontrados. 


Profesores que detenten la honestidad y la sapiencia como seña de su importante función y que rechacen convertir sus aulas en comités políticos.

Llevamos varias generaciones formando ciudadanos sin principios y estamos pagando el pecado. Ya no salen a la calle a reclamar libertades porque están anestesiados y dejan hacer a sus políticos sin decir agua va. Cada día es más “normal” ver a jerarcas mezclados en causas particulares que vician de nulidad su acción o a otros que sacan un pie de la función pública y al otro día se presentan como voceros de multinacionales que esquilman al Estado.

En medio de todo este dislate aquellos muchachos que una vez optaron por la violencia y alzaron la bandera de que el fin siempre justifica los medios- aunque yo nunca creí que el fin que proseguían fuese una sociedad más justa-  están al frente de este desgobierno.

Si analizamos siguen siendo los mismos intransigentes de siempre, solo que ahora están más ricos, mucho más soberbios y exaltados. Alguien debe alzar la voz diciendo que el presidente ya ha demostrado con creces que es el mismo que hace 40 años erró el camino. Solo que ahora arrastra al país entero hacia el desastre. ¿Hasta cuándo permitiremos que siga al mando de esta nave que ya es un barco fantasma?

Mercedes Vigil

LA REVOCACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA LEY DE CADUCIDAD

         De acuerdo a lo informado por el Secretario de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo se dispone a dictar un Decreto por el que se revocan todos los actos administrativos aprobados por gobiernos anteriores, básicamente de los gobiernos de los Dres. Sanguinetti y Lacalle, que abarca el período comprendido entre 1985 y 2000, por los que se amparó en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

         Corresponde, pues, plantearse la cuestión de la legitimidad del mentado Decreto que aprobará el Presidente José Mujica en acuerdo con sus Ministros de Estado.  En primer lugar, es necesario precisar que la Ley Nº 15.848 de fecha 22 de diciembre de 1986, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en algunos casos planteados, es decir que tiene efectos sólo en los casos concretos.  Por lo tanto, se trata de una Ley que está vigente y que es válida para toda la ciudadanía, y también para el Gobierno, hasta tanto no sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. 

         En segundo lugar, que los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores amparando en la Ley de Caducidad a militares y policías, son actos jurídicos aprobados por el Poder Ejecutivo al amparo de una ley vigente, válida y legítima, que no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en los más de ochenta casos que comprenden.  Por lo tanto, no se puede hablar de actos administrativos ilegítimos, hasta tanto haya un pronunciamiento concreto de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley, o una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declare la nulidad del acto administrativo por ser contrario a derecho o por haber sido dictado con desviación de poder. Por otra parte, es necesario recordar que la Suprema Corte de Justicia declaró en forma constante y reiterada la constitucionalidad de la Ley Nº 15.848 entre 1988 y 2008.  Recién a partir del año 2009, cambió la jurisprudencia del máximo órgano del Poder Judicial.

         En tercer lugar, los actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon en la Ley de Caducidad diversas situaciones planteadas, motivó una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva por parte de los Jueces Letrados Penales competentes, excepto en aquellos casos en los cuales el Juez simplemente dispuso el archivo del expediente, sin adoptar resolución.  En todos las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un Decreto posterior no lo puede desconocer.

         En cuarto lugar, sobre la revocación de los actos administrativos, la más calificada doctrina nacional, encabezada por los Profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirma el principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas, en base a lo dispuesto por los artículos 10 y 72 de la Constitución de la República y el art. 7º del Código Civil.

         En quinto lugar, debe tenerse especialmente en cuenta en esta materia lo dispuesto por el art. 166 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 500/991 de fecha 27 de setiembre de 1991, sobre Normas Generales de Actuación Administrativa, que dispone que en caso de anulación, derogación o reforma de un acto administrativo por razones de legitimidad, tendrá efectos retroactivos, sin perjuicio de que subsistan:

“a) los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma impugnada.

“b).- los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto en dicha norma sin necesidad de acto de ejecución alguno que no resulten incompatibles con el derecho del recurrente.”

         Quiere decir, pues, que el derecho positivo vigente en nuestro país, la Constitución y el Decreto Nº 500/991, reconocen expresamente los derechos adquiridos, por lo que no es posible que un Decreto del Poder Ejecutivo desconozca o ignore derechos adquiridos oportunamente en forma legítima.

         En sexto lugar, nos tenemos que formular la interrogante de si el Decreto a dictarse puede afectar la prescripción de los delitos investigados en las causas que eventualmente puedan reabrirse.  Considero que de ninguna manera un acto administrativo puede alterar el plazo de la prescripción en materia penal, que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia en reciente sentencia, comenzará a partir del 1º de noviembre de 2011.

         En consecuencia, me parece que el Decreto que va a dictar el Poder Ejecutivo está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la mencionada Ley de Caducidad. Por otra parte, no afectará la prescripción de los delitos involucrados en las causas referidas.

Dr. Ruben Correa Freitas

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

         Sinceramente debo reconocer que nunca pensé que una vez restablecida la democracia en nuestro país en el año 1985, tendríamos que referirnos a la independencia del Poder Judicial.  Y menos aún, tener que salir a defenderla, como uno de los valores esenciales no sólo del Estado de Derecho, del sistema democrático de gobierno, sino como garantía fundamental de las libertades públicas y de los derechos humanos.

         Pues bien, en recientes declaraciones de una Senadora del Frente Amplio, se ha sostenido la tesis de que el Poder Judicial debe estar sometido al control político.  Realmente parece que estamos viendo una película que ya vimos y que sufrimos largamente con el tristemente recordado Acto Institucional Nº 8 de fecha 1º de julio de 1977, por el que se pretendió eliminar al Poder Judicial como uno de los Poderes del Estado, pasándose a denominar Administración de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia pasó a ser simplemente Corte de Justicia.

         Aún hoy los uruguayos recordamos aquellos inolvidables editoriales del Dr. Enrique Tarigo desde el diario EL DIA, que fue un acicate permanente para que se eliminara del sistema jurídico uruguayo ese verdadero engendro que lamentablemente habían redactado un profesor de Derecho Administrativo y un profesor de Derecho Penal, que de facto ocupaban circunstancialmente la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, respectivamente.

         Pero lamentablemente parece que la historia vuelve a repetirse, o mejor dicho, alguien pretende ensayar la triste historia de otros tiempos oscuros de la República.  Debemos recordar el formidable discurso del Dr. José Ellauri en la Constituyente de 1830, reinvindicando la independencia del Poder Judicial “para asegurarnos que no serán en lo sucesivo los hombres quienes nos juzguen, sino las Leyes.”

         Por ello creo conveniente que debemos leer nuevamente a Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes”, que con claridad meridiana explicó la razón de la separación de poderes.  Dice concretamente Montesquieu en el Capítulo VI del Libro XI:

“Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil.

“Por el poder legislativo, el príncipe o magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones.  Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares.  Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.”

Y agrega más adelante estos conceptos medulares:

“Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.

“Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador.  Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.”

Los ciudadanos debemos estar alertas ante cualquier intento de control político que se pretenda ejercer hacia el Poder Judicial. Si no nos damos cuenta del peligro que ello supone, simplemente imaginemos que sería el principio del fin del Estado de Derecho.

Dr. Ruben Correa Freitas

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Cuando un General romano regresaba triunfante de una campaña, debía previamente solicitar autorización al Senado para entrar en Roma al frente de sus tropas; permiso que le era concedido, o no, según sus méritos…y sus influencias políticas.

Si el permiso le era denegado, debía licenciar sus Legiones antes de entrar en la península itálica, y solo podía ingresar acompañado de una reducida escolta personal; el desconocimiento de esta disposición, era interpretada como un intento de golpe de estado y de inmediato se comisionaban tropas para enfrentar la amenaza.

Como se verá, la tradicional mutua desconfianza entre Militares y Políticos no es, ni nada nuevo, ni invento nuestro.

Pero si el permiso le era concedido, el General hacía una fastuosa entrada triunfal al frente de su Ejército, vestido con sus mejores galas y haciendo exhibición de los trofeos, tesoros y prisioneros capturados, testimonios todos de su Gloria, y recibiendo orgullosamente los vítores y aclamaciones de la multitud.

En el mismo carro de guerra en que desfilaba el General iba también un esclavo, que sostenía sobre su cabeza una corona de laurel y que, periódicamente, le susurraba al oído “Sic transit gloria mundi”; la gloria del mundo es pasajera.

Sabio consejo. Un recordatorio de que es conveniente siempre conservar la humildad y no deslumbrarse con los siempre fugaces brillos mundanos, frecuente y lamentablemente desoído por la soberbia de quienes, ebrios de triunfalismo, procuran disfrutar al máximo de su momento de gloria personal, olvidando que nada dura para siempre.

Esta circunstancia, que podría decirse que es intrínseca de la condición humana, es particularmente notoria en la vida política de las naciones, en especial las jóvenes como la nuestra. Si hacemos un somero análisis de lo que ha sido nuestra vida política, desde nuestro advenimiento oficial como nación soberana e independiente, tras la jura de nuestra primera Constitución en 1830, observaremos que ha sido una sucesión de alzamientos, revoluciones, guerras civiles, golpes de estado y dictaduras, separadas por períodos más o menos prolongados de lo que podríamos llamar “Normalidad Institucional”. En su libro “Sangre y Barro”, el historiador Leonardo Borges señala que entre 1832 y 1911 se registraron en el país 71 incidentes de variada gravedad, alzamientos, revoluciones, magnicidios, motines, golpes de estado etc. Un promedio grosero nos da, un quiebre institucional por año. Dos Presidentes fueron asesinados, uno gravemente herido, doce debieron lidiar con revoluciones en su contra, nueve fueron destituidos y solo tres terminaron sus respectivos períodos en paz.

En general, siempre ha sucedido lo mismo: los triunfadores procuran disfrutar al máximo de su victoria, tratan de perpetuarla desprestigiando a sus antecesores en el gobierno; se ponen a revolver cajones en busca de irregularidades administrativas o chanchullos, reales o inventados; cualquier cosa viene bien, lo fundamental es mostrarle a la población lo malos que fueron los otros, en comparación a lo buenos que son (o que piensan ser) ellos. Y, en particular, consideran llegado el tiempo de cobrar viejas facturas, de la época en que estaban en el llano y tuvieron que sufrir y aguantar, porque, finalmente, llegó la hora del ansiado desquite.

Los perdidosos, en tanto, aguantan, tratan de capear el temporal y sobrevivir y, en especial, se ponen a redactar la lista de cuentas a cobrar, a la espera de tiempos mejores, porque, al decir de Martín Fierro: “No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte”.

Hubo quien comparó la vida política con la Rueda Gigante del parque de diversiones, en la que los distintos actores políticos ocupan las barquillas  las que, al girar de la rueda, se ubican alternativamente en la posición más alta o la más baja según el caso. Accedemos siempre por la posición más baja, comenzamos a subir hasta alcanzar la cumbre, para inmediatamente comenzar la declinación hasta nuevamente llegar al llano y así sucesivamente, sin solución de continuidad.

Otros han definido esto como el carácter “pendular” de la Historia.

El girar de la rueda es independiente de ideologías, formas de gobierno, o procedimientos para obtener el poder; podrá acelerarse o enlentecerse, pero jamás se detiene permanentemente, apenas lo suficiente como para el recambio de los ocupantes de alguna de las barquillas.

Los ejemplos abundan; el Reich de los mil años de Hitler no alcanzó a durar doce; vimos desplomarse al Imperio Soviético, vimos a sus satélites sacudirse el yugo comunista, en muchos casos violentamente, vimos a los Rumanos fusilar a su ex presidente y Sra. Vimos la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y a Hoeckner ir a parar a la cárcel. Yugoslavia, otro “sólido” bastión comunista, reventó como una bomba, no bien la muerte aflojó la garra de hierro del Mariscal Tito, su creador, y, seguramente, veremos reventar a Cuba…cuando reviente.

Si el acceso al poder es por medios violentos, las consecuencias para los perdidosos serán normalmente más duras y trágicas, ya que los ganadores desarrollarán sus acciones sin el freno de la Constitución y la Ley, baste para ello recordar como ejemplo las “purgas” Stalinistas, la “Revolución Cultural” de Mao, o las parodias de “Juicios Revolucionarios”, para de alguna forma justificar los fusilamientos masivos que se dieron en Cuba, luego de la toma del poder por el barbado y sanguinario dictador, bajo la dirección del no menos sanguinario asesino Ernesto “Che” Guevara, única función en la cual demostró cabalmente sus capacidades y valores.

Nadie duda que el nuestro es un país verdaderamente sui géneris.

Como resultado de un incuestionable proceso político y un impecable acto electoral, vemos  pacíficamente acceder al gobierno a un conglomerado político que, en los hechos, genera una situación totalmente asimilable a una revolución.

El mundo quedó patas arriba; delincuentes amnistiados ocupan la presidencia de la Nación e importantes cargos en el gobierno y la administración del Estado. En las elegantes y cómodas poltronas del Palacio Legislativo se sientan individuos que unas décadas atrás  arremetieron contra las instituciones nacionales y nuestro estilo de vida, afirmando que la vía electoral democrática no servía para lograr los objetivos que el país necesitaba y que por lo tanto la lucha armada era el único camino, sacándolo de la idílica paz en que vivía y sumiéndolo en una virtual guerra civil, con su secuela de asesinatos, robos, secuestros, extorsiones, etc.

El gobierno constitucional de la época accionó a las Fuerzas Armadas para enfrentar la amenaza, las que en poco tiempo derrotaron militarmente a las organizaciones subversivas, la mayoría de sus integrantes, los que no lograron fugar a tiempo al extranjero, fueron detenidos, juzgados y condenados por sus delitos y resulta que ahora, amnistía mediante, el haber estado en prisión por esas causas no solo les reportó jugosas indemnizaciones, sino que, al parecer, la amnistía además de perdonar crímenes, también blanqueó conciencias. El haber atentado contra la Sociedad constituye hoy un hito importante  en sus respectivos currículums, que es exhibido con indisimulado orgullo por los protagonistas, tal como si de una condecoración se tratara.

Los vimos ahora jurar sus cargos por la Constitución de la República, la misma que hace unas décadas pretendieron avasallar; vimos moverse sus labios, oímos sus voces pero ¿dónde estaban, en ese momento, sus corazones y sus mentes? Si fuera posible oír conciencias, seguramente se habrían escuchado más de una estrepitosa y burlona risotada.

Los acontecimientos posteriores, a lo largo de lo que va de los dos últimos periodos de gobierno, han estado caracterizados por un recrudecimiento feroz de la campaña de revancha contra las Fuerzas Armadas, en todos los frentes, simple y abyecta revancha disfrazada de justicia o, mejor dicho, revancha usando a una justicia ideológicamente corrupta, como un instrumento afín a sus propósitos.

El daño que se le ha causado a la Nación es inconmensurable; nuestra Justicia, institución que siempre estuvo en lo más alto de la consideración popular, rodeada de una aureola de prístina pureza, garantía de incorruptibilidad y ecuanimidad y orgullo de todos los Orientales, ha sido ferozmente derribada de su pedestal y sumida en las cloacas, poniendo a nuestro país a la altura de los más vergonzosos ejemplos de inseguridad jurídica que en el mundo puedan darse.

Campaña de revancha llevada adelante sin reparar en excesos, con singular entusiasmo digno de mejor causa, por personas que están ilusa e increíblemente convencidas de que nunca deberán rendir cuentas por ellos. Cegados por el odio y la ambición, no se percatan que han parido un mecanismo que en el futuro seguramente se revertirá en su contra. “La máquina mata a su inventor”, dice el refrán y de la misma forma que una vez toda la prensa del país difundió la imagen del Sr. Tte. Gral. Don Gregorio C. Álvarez, entrando esposado a un juzgado penal, inexorablemente llegará el día en que difundan la imagen, en similares circunstancias, de alguna figura de primer nivel del actual partido de gobierno; porqué no la del propio ex presidente Dr. Tabaré Vázquez.

Olvidan que los excesos son, en definitiva, una muy mala inversión para el futuro, porque la premisa fundamental a considerar es que: los abusos que se cometan hoy, serán las cuentas que habrá que pagar mañana.

Campaña de revancha que, colateralmente, viene muy bien como cortina de humo para distraer la atención de la población de la errática y calamitosa gestión del gobierno, el cual, como una extraña combinación de Rey Midas y aparato digestivo, todo lo que toca lo convierte en m….., Salud, Educación, Seguridad Pública, etc. Últimamente, quienes en sus manos sostienen “la piqueta fatal del progreso” aparentemente han posado sus codiciosos ojillos en el Agro, seleccionándolo como próximo candidato a la demolición.

Sintomático resulta el hecho de que, cada vez que el gobierno enfrenta algún tipo de crisis, de cualquier tipo, salta al tapete un nuevo caso de investigación de supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, o de información obtenida de algún borracho oligofrénico, calificado cono fuente “veraz, fidedigna, incuestionable”, quien estaría en condiciones de señalar lugares, dentro de alguna unidad militar, donde, “con absoluta certeza”, habría enterramientos  de detenidos desaparecidos.

A las Fuerzas Armadas les sobra temple como para soportar como hasta ahora, con ejemplar estoicismo y disciplina, todos estos ataques, afrentas y humillaciones a que han sido sometidas, las que evidentemente forman parte de un deliberado plan, que tiene como objetivo supremo su total desmantelamiento moral y material.

Para ello solo se necesita algo que sobra, coraje, paciencia y buena memoria.

Coraje, paciencia y buena memoria, en especial buena memoria, y a esperar con fe el inexorable giro de la Rueda, porque: Sic transit gloria mundi; No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte.

“La buena memoria es una virtud militar. No olvidar las guerras, no olvidar los muertos y no olvidar a los que fueron los culpables, de las guerras y de los muertos.”

Oswald Spengler

Cnel. (R) Omar M. Farías

C. I. 846.419-1

LA VOLUNTAD POPULAR ANULADA POR DECRETO

Cuando hace pocas semanas el Presidente Mujica se jugó todo su peso político para impedir que la bancada del Frente Amplio aprobara el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, su principal argumento fue que la coalición gobernante no podía desconocer la voluntad popular, expresada en 1989 y en 2009, en dos instancias distintas de consulta electoral en las que se ratificó la vigencia de la ley de amnistía a los militares.

Se hizo saber por distintos medios que el Presidente pensaba que el destino político del Frente Amplio dependía de esa resolución y que un desconocimiento político de lo resuelto por el cuerpo electoral significaría una condena que pondría en peligro el triunfo del Frente en 2014.

Pues bien, ahora es el mismísimo Presidente Mujica el que se dispone a violar la voluntad popular. El Secretario de la Presidencia anunció que el Poder Ejecutivo va a dictar un decreto por el que se anulan los actos administrativos de gobiernos anteriores, dictados al amparo del Derecho vigente, por los cuales se incluyeron en la Ley de Caducidad diversas denuncias por atentados a los derechos humanos durante la dictadura.

Lo que se propone hacer el Presidente Mujica es peor que lo que intentaron hacer los legisladores, ya que va a borrar por decreto lo que resolvió soberanamente el cuerpo electoral.

Como lo explica con autoridad inobjetable el Prof. Dr. Ruben Correa Freitas en la página dos de esta edición, el acto revocatorio del Presidente Mujica será absolutamente nulo desde el punto de vista jurídico y sera ilegal e inconstitucional, pero igual hará un enorme daño, porque pondrá al país en una situación límite al violentarse el Estado de Derecho. En el Uruguay de hoy los parlamentarios creen —o creyeron hasta hace unos días— que podían interpretar la constitucionalidad de las leyes, facultad exclusiva del Poder Judicial;; y ahora los gobernantes creen que por decreto pueden pisotear los principios de la cosa juzgada, de la no retroactividad de las normas penales, de los derechos legítimamente adquiridos y, lo que es peor, de la propia voluntad popular.

Aparentemente todo vale para dar vuelta la historia, esa historia cimentada desde 1985 con la amnistía a unos —y a otros— y consagrada en dos oportunidades por el voto de la gente. No hay otro caso en la trayectoria de los países democráticos en que una ley de este tipo haya sido ratificada dos veces por el sufragio y, sin embargo, con ceguera unas veces y con espíritu de venganza las otras, se sigue embistiendo contra ella, con un profundo desprecio por los pronunciamientos populares y, en definitiva, por la democracia.

El Presidente Mujica, por otra parte, caerá, nada menos que en este tema, en una contradicción flagrante con sus propias palabras ante las Fuerzas Armadas uruguayas. En su recordado discurso a los “soldados de la Patria” en la base aérea de Santa Bernardina, dijo en marzo de 2010 que había que sacarles de arriba a los militares la pesada mochila que asumieron hace 38 años, cuando dieron el golpe de estado. No hay duda de que su actual intención hará insoportable el peso de esa misma mochila que prometió liquidar.

Si el Presidente avanza por este camino —la duda cabe, dado que es tristemente normal que el señor Mujica diga una cosa y haga la contraria— el país se enfrentará con una muy compleja situación jurídica, el Poder Judicial se encontrará con un enorme problema y los uruguayos habremos perdido las garantías individuales, porque no sabremos cuál es la norma que rige y cuál la que fue derogada, ya que desde ese momento la vigencia de las leyes pasará a depender de la actuación arbitraria del Poder Ejecutivo. Eso es, lamentablemente, algo muy parecido a lo que ocurre en las dictaduras.
 Semanario “Correo de los Viernes”, 1º de julio de 2011

UNA REVOCACIÓN QUE SERÁ NULA PERO ENORMEMENTE MALIGNA

 Dr. Ruben Correa Freitas*

De acuerdo a lo informado por el Secretario de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo se dispone a dictar un Decreto por el que se revocan todos los actos administrativos aprobados por gobiernos anteriores, básicamente de los gobiernos de los Dres. Sanguinetti y Lacalle, durante el período comprendido entre 1985 y 2000, por los que se amparó en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Corresponde, pues, plantearse la cuestión de la legitimidad del mentado Decreto que aprobará el Presidente José Mujica en acuerdo con sus Ministros de Estado. En primer lugar, es necesario precisar que la Ley Nº 15.848 de fecha 22 de diciembre de 1986, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en algunos casos planteados, es decir que tiene efectos sólo en los casos concretos. Por lo tanto, se trata de una Ley que está vigente y que es válida para toda la ciudadanía, y también para el Gobierno.

En segundo lugar, debe advertirse que los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores amparando en la Ley de Caducidad a militares y policías, son actos jurídicos aprobados por el Poder Ejecutivo al amparo de una ley vigente, válida y legítima, que no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en los más de ochenta casos que comprenden. Por lo tanto, no se puede hablar de actos administrativos ilegítimos, hasta tanto haya un pronunciamiento concreto de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley, o una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declare la nulidad del acto administrativo por ser contrario a derecho o por haber sido dictado con desviación de poder. Por otra parte, es necesario recordar que la Suprema Corte de Justicia declaró en forma constante y reiterada la constitucionalidad de la Ley Nº 15.848 entre 1988 y 2008. Recién a partir del año 2009, cambió la jurisprudencia del máximo órgano del Poder Judicial.

En tercer lugar, los actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon en la Ley de Caducidad diversas situaciones planteadas, motivaron una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva por parte de los Jueces Letrados Penales competentes, excepto en aquellos casos en los cuales el Juez simplemente dispuso el archivo del expediente, sin adoptar resolución. En todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un Decreto posterior no lo puede desconocer.

En cuarto lugar, sobre la revocación de los actos administrativos, la más calificada doctrina nacional, encabezada por los Profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirma el principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas, en base a lo dispuesto por los artículos 10 y 72 de la Constitución de la República y el art. 7º del Código Civil.

En quinto lugar, debe tenerse especialmente en cuenta en esta materia lo dispuesto por el art. 166 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 500/991 de fecha 27 de setiembre de 1991, sobre Normas Generales de Actuación Administrativa, que dispone que en caso de anulación, derogación o reforma de un acto administrativo por razones de legitimidad, tendrá efectos retroactivos, sin perjuicio de que subsistan:

“a) los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma impugnada.

“b).- los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto en dicha norma sin necesidad de acto de ejecución alguno que no resulten incompatibles con el derecho del recurrente.”

Quiere decir, pues, que el derecho positivo vigente en nuestro país, la Constitución y el Decreto Nº 500/991, reconocen expresamente los derechos adquiridos, por lo que no es posible que un Decreto del Poder Ejecutivo desconozca o ignore derechos adquiridos oportunamente en forma legítima.

En sexto lugar, nos tenemos que formular la interrogante de si el Decreto a dictarse puede afectar la prescripción de los delitos investigados en las causas que eventualmente puedan reabrirse. Considero que de ninguna manera un acto administrativo puede alterar el plazo de la prescripción en materia penal, que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia en reciente sentencia, comenzará a partir del 1º de noviembre de 2011.

En consecuencia, me parece que el Decreto que va a dictar el Poder Ejecutivo está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la mencionada Ley de Caducidad. Por otra parte, no afectará la prescripción de los delitos involucrados en las causas referidas.

(*) El autor es Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en esa Facultad y Profesor Agregado, Grado 4, de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

El presidente uruguayo revoca la amnistía a los militares de la vieja dictadura

Cediendo a  reconocidas presiones del minúsculo Partido Comunista,  solo hegemónico en la Justicia, el gremialismo y la cultura,  así como al ala radical de los propios tupamaros, cercana a su propia esposa y vicepresidente del senado, Lucía Topolansky, el presidente uruguayo derogó unas 85 resoluciones administrativas de anteriores gobiernos, expresando si algún acusado ante la Justicia se hallaba o no incluído en la legislación de amnistía(potestad incluída en la norma aún vigente) a militares y policías involucrados con la represión durante la pasada dictadura- 1973/1985- con lo cual se los podría enjuiciar nuevamente, lo que causó un gran rechazo en filas uniformadas, activas y retiradas. Mayoritariamente, para los abogados, los actos administrativos a cuya consecuencia se haya cerrado una investigación judicial tienen el caracter de "cosa juzgada".

Los letradas patrocinantes de ONGs autodenominadas de "Derechos Humanos", ya  preparan  reclamos económicos a guisa de imdemnización hacia quienes hayan sufrido  eventuales excesos represivos o a sus descendientes, transcurridas décadas. En aras de  fortalecer sus tésis precisan enjuiciar un máyor número de acusados. Para ello cuentan con la anuencia de un grupo de 5 o 6 fiscales y jueces afines, alguno de ellos de notoria filiación marxista, o claros parentescos políticos, que no ocultan.

Recientemente una de las magistradas más medíaticas en este tema, Mariana Mota (famosa por discrepar del derecho del reo a guardar silencio), tras  haber descalificado la opinión contraria de un ex vicepresidente y reputado constitucionalista afirmando que "no sabía nada" , asistió a una manifestación política de entidades  y familiares de desaparecidos-la mayor parte en el exterior en aquellos años- sin ser sancionada, mientras la polémica fiscal Mirtha Guianze le faltó el respeto a Mujica desde su porpia página cuando el parlamento no aprobó la derogación de la amnistía.

Los clubes y entidades que agrupan a los uniformados están prácticamente en sesión permanente, visitando en cuestión de horas, a los mandos de sus organizaciones, a los que reprochan excesiva pasividad, inclusive cuando se procesó a generales activos y con mando sin pruebas, o a un coronel, que, cuando alferez, y cumpliendo órdenes estrictas, reprimió a un militante comunista, al comienzo de la dictadura, cuando este lanzaba grampas "miguelito" a los buses, el cual falleció de un balazo, estando armado, ante lo que el oficial se entregó en la época, y fue sobreseído. Por el contrario, las jerarquías del Ejército sancionaron a los generales que lo visitaron. Por ello, se estima que de no haber ahora ,una reacción por parte de los actuales jefes castrenses, estos podrían perder totalmente cualquier ascendente sobre sus subordinados, en momentos en que las bajas por desmotivación , tanto de oficiales ,como de subalternos, se intensifican geométricamente.

El próximo paso de los grupos radicales es proponer una ley- de muy poco asidero jurídico- que torne imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura, aún a casi 27 años de terminada, pues de lo contrario, caducan en noviembre próximo.

Además, ciertos entidades u ongs, amenazan con enjuiciar, aprovechando que el actual gobierno no objetará ninguna acción al respecto, a 400 militares y policías-con lo cual el número de procesados, proporcionalmente sería superior al argentino, habiéndo sido la represión uruguaya mucho menor- de acuerdo a una lista totalmente inexacta, ironicamente proporcionada por un grupo de extrema izquierda belicoso y simpatizante de la Eta, llamado "Memoria y Justicia", el que días atrás, luego de atacar al Ministerio del Interior, fuera acusado por el viceministro Jorge Vazquez de "responder al narcotráfico internacional". Para complicar más la situación, la principal operadora parlamentaria oficialista, la senadora Constanza Moreira, acaba de admitir en una mesa redonda, que "la Justicia está subordinada al Poder Ejecutivo. No es un poder autónomo, el ejecutivo es el que manda", aspecto del cual se ha quejado constantemente la oposición en los últimos años. (Javier Bonilla)