martes, 5 de julio de 2011

El presidente uruguayo revoca la amnistía a los militares de la vieja dictadura

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Cediendo a  reconocidas presiones del minúsculo Partido Comunista,  solo hegemónico en la Justicia, el gremialismo y la cultura,  así como al ala radical de los propios tupamaros, cercana a su propia esposa y vicepresidente del senado, Lucía Topolansky, el presidente uruguayo derogó unas 85 resoluciones administrativas de anteriores gobiernos, expresando si algún acusado ante la Justicia se hallaba o no incluído en la legislación de amnistía(potestad incluída en la norma aún vigente) a militares y policías involucrados con la represión durante la pasada dictadura- 1973/1985- con lo cual se los podría enjuiciar nuevamente, lo que causó un gran rechazo en filas uniformadas, activas y retiradas. Mayoritariamente, para los abogados, los actos administrativos a cuya consecuencia se haya cerrado una investigación judicial tienen el caracter de "cosa juzgada".
Los letradas patrocinantes de ONGs autodenominadas de "Derechos Humanos", ya  preparan  reclamos económicos a guisa de imdemnización hacia quienes hayan sufrido  eventuales excesos represivos o a sus descendientes, transcurridas décadas. En aras de  fortalecer sus tésis precisan enjuiciar un máyor número de acusados. Para ello cuentan con la anuencia de un grupo de 5 o 6 fiscales y jueces afines, alguno de ellos de notoria filiación marxista, o claros parentescos políticos, que no ocultan.
Recientemente una de las magistradas más medíaticas en este tema, Mariana Mota (famosa por discrepar del derecho del reo a guardar silencio), tras  haber descalificado la opinión contraria de un ex vicepresidente y reputado constitucionalista afirmando que "no sabía nada" , asistió a una manifestación política de entidades  y familiares de desaparecidos-la mayor parte en el exterior en aquellos años- sin ser sancionada, mientras la polémica fiscal Mirtha Guianze le faltó el respeto a Mujica desde su porpia página cuando el parlamento no aprobó la derogación de la amnistía.
Los clubes y entidades que agrupan a los uniformados están prácticamente en sesión permanente, visitando en cuestión de horas, a los mandos de sus organizaciones, a los que reprochan excesiva pasividad, inclusive cuando se procesó a generales activos y con mando sin pruebas, o a un coronel, que, cuando alferez, y cumpliendo órdenes estrictas, reprimió a un militante comunista, al comienzo de la dictadura, cuando este lanzaba grampas "miguelito" a los buses, el cual falleció de un balazo, estando armado, ante lo que el oficial se entregó en la época, y fue sobreseído. Por el contrario, las jerarquías del Ejército sancionaron a los generales que lo visitaron. Por ello, se estima que de no haber ahora ,una reacción por parte de los actuales jefes castrenses, estos podrían perder totalmente cualquier ascendente sobre sus subordinados, en momentos en que las bajas por desmotivación , tanto de oficiales ,como de subalternos, se intensifican geométricamente.
El próximo paso de los grupos radicales es proponer una ley- de muy poco asidero jurídico- que torne imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura, aún a casi 27 años de terminada, pues de lo contrario, caducan en noviembre próximo.
Además, ciertos entidades u ongs, amenazan con enjuiciar, aprovechando que el actual gobierno no objetará ninguna acción al respecto, a 400 militares y policías-con lo cual el número de procesados, proporcionalmente sería superior al argentino, habiéndo sido la represión uruguaya mucho menor- de acuerdo a una lista totalmente inexacta, ironicamente proporcionada por un grupo de extrema izquierda belicoso y simpatizante de la Eta, llamado "Memoria y Justicia", el que días atrás, luego de atacar al Ministerio del Interior, fuera acusado por el viceministro Jorge Vazquez de "responder al narcotráfico internacional". Para complicar más la situación, la principal operadora parlamentaria oficialista, la senadora Constanza Moreira, acaba de admitir en una mesa redonda, que "la Justicia está subordinada al Poder Ejecutivo. No es un poder autónomo, el ejecutivo es el que manda", aspecto del cual se ha quejado constantemente la oposición en los últimos años. (Javier Bonilla)
 

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