Carlos MAGGI

¿Qué es el plenario del Frente Amplio?

Sabemos que el Plenario del Frente Amplio tiene poder suficiente para mandar sobre al Poder Legislativo, puesto que puede mandatar a cada uno de los legisladores que componen la mayoría de cada cámara.
Esta afirmación no requiere prueba, es un hecho público y notorio. Los legisladores que viven el drama de elegir entre su conciencia y el mandato que reciben, renuncian a ser legisladores (Fernández Huidobro), dejan de ejercer su función faltando a la sesión en la cual están obligados a votar lo que no quieren (Nin Novoa), o se niegan a obedecer al Plenario y son sometidos a un procedimiento disciplinario al fin del cual está su expulsión (Saravia).
Por otro lado, está la declaración del Presidente Mujica: mientras dure su mandato, lo previsto por la Constitución, su derecho a vetar, no será ejercido.
En consecuencia de todo lo cual, los tres poderes que prevé la Constitución se ven reducidos a dos -pobre Montesquieu, completamente humillado- deciden en el Uruguay, el Plenario del Frente Amplio y el Poder Judicial que escapa a la autoridad del Plenario, por ahora.
Lo primero que asombra, es la soberanía que ejerce un órgano de creación partidaria: lo resuelto por el Plenario no tiene ningún control ajeno a sí mismo; a tal extremo es soberano, que lo resuelto por un plenario, solo el propio Plenario puede cambiarlo; y para ello se requieren mayorías especiales.
Tanto el Poder Legislativo como el Presidente, están inhibidos de enmendar una resolución del Plenario.
La mayoría del Plenario puede más que la mayoría de los ciudadanos expresada dos veces; y puede más que la mayoría de los votantes del Frente.
Ninguno de los mecanismos constitucionales que racionalizan la relación del Ejecutivo con el Legislativo, alcanza al Plenario. Una institución que no existe para la Constitución puede más que la democracia directa.
El Frente Amplio se ha cuidado de no difundir cómo se eligen los miembros del Plenario y tampoco se sabe quiénes lo integran.
Nada se publica sobre las elecciones y los candidatos y menos aún sobre la orientación de sus ideas.
Para el ciudadano común todo lo referido al Plenario es secreto; sin embargo, es de esos procedimientos misteriosos que sale la autoridad máxima del país.
Vivimos de nuevo bajo un gobierno colegiado; solo que no lo elige la ciudadanía.
Según Valeria Gil, "La mitad del Plenario representa a las bases y la otra mitad a los sectores.
En el caso de las bases, más del 60% responde directamente al Partido Comunista y el resto al MPP que, pese a ser el sector con más votos del Frente Amplio y el soporte político del Presidente Mujica; está en minoría. (¿Quién creó este monstruo y le dio semejante poder?).De la correlación de fuerzas entre las coordinadoras del Partido Comunista y la suma de los votos de los delegados del Nuevo Espacio, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, se desprende que no hay mayoría para revocar el mandato del último Plenario.
Para hacerlo se requieren más de 136 votos, es decir más delegados presentes que en el último Plenario cuando por unanimidad, se mandató (se maniató) a los legisladores, explicaron a El País fuentes de la coalición de izquierda.
En las últimas horas, tanto el MPP como Asamblea Uruguay se han reunido con otros sectores para negociar un "acuerdo político" que permita consensuar una alternativa a la anulación de la ley de Caducidad.
El MPP y Asamblea Uruguay manejan como alternativa la derogación de la ley de Caducidad y la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que impidieron juzgar a militares porque consideraron que esos casos estaban comprendidos por la norma.
Si bien el bloque compuesto por el PCU, el Nuevo Espacio y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) mantiene su posición a favor de la ley interpretativa, los comunistas abrieron ayer una puerta a la negociación para lograr una salida alternativa a la anulación." (El País, 7/5/11).
COMENTO: Este interesantísimo análisis de la situación vendría a determinar dos aspectos:
1) El respeto a los plebiscitos, la no retroactividad de las leyes penales y el valor de la cosa juzgada, dependen del Partido Comunista, que tiene la mayoría dentro del Plenario.
2) El Partido Comunista es una fracción mínima del electorado que no admite la democracia formal; para ellos, las leyes burguesas son un modo de oprimir, manos de la clase dominante.
El Presidente Mujica, que está en contra del proyecto sancionado por la cámara de diputados, le avisa al Partido Comunista que está poniendo en peligro el tercer periodo de gobierno del Frente Amplio. Y el órgano de prensa de Asamblea Uruguay es más explícito:
- "Las consideraciones fueron de tipo jurídico, pero (después) empezaron a pesar las consideraciones de tipo político; y en estas horas las de carácter electoral, estas últimas, con mucho peso.
El Frente Amplio cuenta con mediciones de opinión pública que, de votarse así, según el proyecto con media sanción, están liquidando de antemano las pretensiones electorales hacia el 2014.
La población censuraría la actitud del Frente Amplio y esto es de conocimiento de todo el oficialismo". Y agrega el mismo diario digital: "Por supuesto, desconocer los dos plebiscitos es un tema clave e ineludible." (Uy.Press, 5/5/11).
Mujica está en desventaja; es un legalista; trabaja para lograr la mayoría dentro de un órgano de la coalición.
En la interna del Frente, una organización que no es democrática, manda más que la mayoría absoluta del legislativo y la Presidencia.
¿Conocían estos "detalles" los votantes del Frente?
El Plenario es fiel a sí mismo, no traiciona ni miente, ni trapea.
Le dieron el poder absoluto y lo usa según su saber y entender.
La pregunta es: ¿Quién le dio el poder supremo?
Lo inexplicable, lo nunca visto es que un plenario integrado como vimos, sea el órgano cumbre de una coalición que se dice democrática.
El Plenario nada tiene que ver con el sistema democrático, es su antítesis.
Este es el quid del asunto.
Un comunista convencido puede ser un hombre honrado que actúa de acuerdo a sus convicciones; piensa que el derecho burgués es el instrumento que mantiene vigente la injusticia social; y tiene derecho a pensar así; y de actuar en consecuencia.
Con esta seguridad moral, expulsaron a Jaime Pérez y al 80% de los dirigentes, cuando Pérez intentó actualizar su partido a la manera que lo hiciera Máximo D`Alema en Italia.
Este es pues, el primer acto de la utopía absurda que empieza con la dictadura del proletariado, principio reafirmado en el Congreso del Partido Comunista en el año 1990.
El efecto de esta noticia extravagante, sobre la gente frentista, puede ser demoledor; y está sucediendo.
El plenario es feo de ver; y esa visión ultra que venía tapada, ha quedado en evidencia.
Algo está subvertido en el Frente y no tiene salida legal.
Es muy malo que el partido de un gobierno democrático, esté sometido a un plenario absurdo.
Es un caso único en el mundo.
Y es una estafa electoral.

De Agustín Tajes

Sería más fácil

 Está muy claro que el Frente está decidido a terminar con el Estado de Derecho definitivamente y con él, con la democracia republican y liberal que la Nación, en forma soberana, ha decidido darse como forma de vida.

 Eso, no es otra cosa - nada más ni nada menos - que un golpe de estado, que si quieren minimizarlo un poco, pueden tildarlo de “técnico”, pero que en los hechos, jurídica y políticamente, no tiene ninguna diferencia con el del 73. No hay duda que, al igual que en aquella instancia, cuando se desconoció la decisión del Cuerpo Electoral al elegir sus representantes, ahora se desconocerá, de igual manera, otra decisión del mismo instituto, máxima expresión soberana de la República, cuando en ejercicio directo de esa soberanía, en un acto de gobierno, decidió mantener vigente la Ley de Caducidad, lo que lleva a los que han conspirado para esta maniobra a incurrir en el delito que el Código Penal Ordinario, en su Art. 132, num. 6 tipifica como “Atentado contra la Constitución”

 Y cuando se promulgue este engendro jurídico, se estará desconociendo por partida doble esa voluntad del Cuerpo Electoral, porque no sólo decidió que la norma que se pretendía anular permaneciera vigente -  y nadie puede interpretar la intención al respecto - sino que, además, ese acto incluía una nueva forma jurídica, que era la de la anulación de una ley. Con ello, contrariamente a lo que sostienen todos los principios de derecho, la doctrina y la  opinión de los más connotados juristas, se pretendía hacer desaparecer sus efectos y los derechos adquiridos, para aplicar retroactivamente normas inexistentes al momento de ocurridos los hechos. 

 Y más allá del disparate de persistir en dejar de lado la amnistía a los militares y policías, paralela a la otorgada por crímenes aberrantes a los sediciosos tupamaros, es más peligroso para el Estado de Derecho, el recurrir a una artimaña fraudulenta para - en forma engañosa - obtener los mismos efectos que se proponían en la reforma plebiscitada en 2009 y rechazada por el Cuerpo Electoral, porque una vez aceptado esto, se volverá a repetir impunemente para obtener otros fines, como el ya anunciado de establecer por ley el voto desde el extranjero, pese al resultado (con una diferencia mucho más abultada) del otro plebiscito de la misma fecha y a ser absolutamente inconstitucional.

Entonces, si van a hacerlo de todos modos, ¿por qué no lo hacen bien?

Esa barbaridad jurídica lo único que busca es una venganza y el terminar de someter a las FFAA para no tener un freno que les impida alcanzar sus objetivos.

No hay duda que esto se va a transformar en una larguísima batalla judicial y de acciones de inconstitucionalidad, comenzando por la de cada integrante del cuerpo electoral – potencialmente 2.500.000 personas – que van a exigir ante la SCJ de que se respete la decisión del Cuerpo que integran. Eso va a tener como consecuencia que un grupo de personas que han sido acusadas sin pruebas y sin las mínimas garantías del debido proceso sigan en prisión, gracias a la “privación indebida de libertad”. Como es notorio, esa gente se encuentra toda en la última etapa de su vida, entre 70 y 80 años, muchos de ellos con enfermedades muy serias y esa dilación va a tener como consecuencia que terminen muriendo en la cárcel. En otras palabras, una farsa judicial se ha transformado en una condena a muerte en cámara lenta, pese a que el Art. 26 de la Constitución establece que “nadie será condenado a muerte”.

Estos mismos individuos, que no saben ni les importa que lo que están votando es una aberración jurídica, porque ya, a esta altura del partido, sienten que pueden hacer lo que quieran, hace más de 40 años “promulgaron” un Código Penal Revolucionario, que pretendía establecer una doctrina para la aplicación de lo que ellos llamaban la Justicia Revolucionaria y que sintetizaban como “JR”.

Allí el peor delito era el de “Contrarrevolución” y podía ser castigado hasta con la “Pena de Muerte”. Cuando alguien era “juzgado”, sin defensor y en ausencia y si resultaba condenado, la ejecución podía ser llevada adelante por cualquier miembro de la “orga”, dentro de los 10 días de publicada la sentencia.

Estos defensores de los derechos humanos, se arrogaron la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de muchas personas y pese a que a nuestros jóvenes se le cuenta una historia muy diferente, todos vimos aquel video - que fuera prohibido, pero que circuló en toda la Internet – en el que la Primera Dama y Primera Senadora, le contaba a la TV alemana (ya en democracia nuevamente), que en determinado momento tuvieron que realizar “ejecuciones”, pero que se analizaba cuidadosamente cada caso, antes de emitir la sentencia.

Esa es otra de las tergiversaciones de los hechos, ya que fueron decenas los asesinados en el marco de la “JR”, muchos de ellos policías, elegidos al azar, como forma de intimidación terrorista. Basta leer uno de los balances de 1969 - que hemos comentado en otras oportunidades - en el que, al referirse, a esos asesinatos escribían “5 chanchos muertos en 5 meses y medio, más los que fallaron por diversas causas, son un buen ejemplo de la aplicación de la JR”.

Traemos esto a colación, porque, como dijimos más arriba, ya que van a dar un golpe de estado para condenar a muerte en prisión a aquellos que los derrotaron e impidieron que sometieran a los orientales a un régimen marxista leninista, que en lugar de votar ese engendro disfrazado de norma jurídica, que promulguen aquella ley del 69 e incorporen al ordenamiento jurídico  uruguayo el Código Penal Revolucionario. De ese modo nadie podrá decir que desconocen la decisión de la ciudadanía, porque eso nunca fue objeto de una consulta popular y de paso pueden mostrar que se preocupan realmente por los DDHH y en lugar de dejar a los prisioneros sufriendo en la cárcel, se juntan en el despacho de Michelini (Presidente de la Comisión de Constitución del Senado) y “seleccionan cuidadosamente” a todos los que serán ejecutados, lo que, además será mucho más económico que alimentar a esos presos. Acá pueden poner como ejemplo el costo que tuvo el Estado uruguayo, cuando los mantuvo a ellos los 13 años que estuvieron en Libertad.

Para realizar las ejecuciones se podrá usar la Fortaleza del Cerro, a modo de homenaje al fuerte de La Cabaña, en donde el Ché ejecutaba a los condenados en Cuba al paredón, aunque se les podrá dar a optar a nuestros condenados entre una bala, en cuyo caso esas ejecuciones serán dirigidas por Lucía, con una boina roja, o una dosis de pentotal. Si el reo opta por la inyección, las ejecuciones estarán a cargo de los doctores Engler y Bassini, que lucirán la condecoración conmemorativa por el asesinato de Pascasio Báez.

Esto que está escrito de una forma irónica, no es ninguna broma, porque lo que van a hacer ahora, no es otra cosa que la continuación de sus acciones armadas, sólo que en aquella época fueron presos y ahora creen que nada ni nadie va a pararlos. ¿Será así? O alguien será capaz de hacerle ver a Mujica que como Presidente de todos los orientales, va a ser el responsable de lo que pueda pasar si se desconoce la voluntad del Cuerpo Electoral.

Le recomendamos escuchar “De poncho blanco”, en la versión que tiene el recitado de Alberto Candeau, cuando dice “El Pacto de la Cruz fue traicionado”. Hoy no hay un Aparicio, pero nunca se sabe que puede pasar cuando se desconoce al pueblo. 

Agustín Tajes   

De Agustín Tajes

Sería más fácil

 Está muy claro que el Frente está decidido a terminar con el Estado de Derecho definitivamente y con él, con la democracia republican y liberal que la Nación, en forma soberana, ha decidido darse como forma de vida.

 Eso, no es otra cosa - nada más ni nada menos - que un golpe de estado, que si quieren minimizarlo un poco, pueden tildarlo de “técnico”, pero que en los hechos, jurídica y políticamente, no tiene ninguna diferencia con el del 73. No hay duda que, al igual que en aquella instancia, cuando se desconoció la decisión del Cuerpo Electoral al elegir sus representantes, ahora se desconocerá, de igual manera, otra decisión del mismo instituto, máxima expresión soberana de la República, cuando en ejercicio directo de esa soberanía, en un acto de gobierno, decidió mantener vigente la Ley de Caducidad, lo que lleva a los que han conspirado para esta maniobra a incurrir en el delito que el Código Penal Ordinario, en su Art. 132, num. 6 tipifica como “Atentado contra la Constitución”

 Y cuando se promulgue este engendro jurídico, se estará desconociendo por partida doble esa voluntad del Cuerpo Electoral, porque no sólo decidió que la norma que se pretendía anular permaneciera vigente -  y nadie puede interpretar la intención al respecto - sino que, además, ese acto incluía una nueva forma jurídica, que era la de la anulación de una ley. Con ello, contrariamente a lo que sostienen todos los principios de derecho, la doctrina y la  opinión de los más connotados juristas, se pretendía hacer desaparecer sus efectos y los derechos adquiridos, para aplicar retroactivamente normas inexistentes al momento de ocurridos los hechos. 

 Y más allá del disparate de persistir en dejar de lado la amnistía a los militares y policías, paralela a la otorgada por crímenes aberrantes a los sediciosos tupamaros, es más peligroso para el Estado de Derecho, el recurrir a una artimaña fraudulenta para - en forma engañosa - obtener los mismos efectos que se proponían en la reforma plebiscitada en 2009 y rechazada por el Cuerpo Electoral, porque una vez aceptado esto, se volverá a repetir impunemente para obtener otros fines, como el ya anunciado de establecer por ley el voto desde el extranjero, pese al resultado (con una diferencia mucho más abultada) del otro plebiscito de la misma fecha y a ser absolutamente inconstitucional.

Entonces, si van a hacerlo de todos modos, ¿por qué no lo hacen bien?

Esa barbaridad jurídica lo único que busca es una venganza y el terminar de someter a las FFAA para no tener un freno que les impida alcanzar sus objetivos.

No hay duda que esto se va a transformar en una larguísima batalla judicial y de acciones de inconstitucionalidad, comenzando por la de cada integrante del cuerpo electoral – potencialmente 2.500.000 personas – que van a exigir ante la SCJ de que se respete la decisión del Cuerpo que integran. Eso va a tener como consecuencia que un grupo de personas que han sido acusadas sin pruebas y sin las mínimas garantías del debido proceso sigan en prisión, gracias a la “privación indebida de libertad”. Como es notorio, esa gente se encuentra toda en la última etapa de su vida, entre 70 y 80 años, muchos de ellos con enfermedades muy serias y esa dilación va a tener como consecuencia que terminen muriendo en la cárcel. En otras palabras, una farsa judicial se ha transformado en una condena a muerte en cámara lenta, pese a que el Art. 26 de la Constitución establece que “nadie será condenado a muerte”.

Estos mismos individuos, que no saben ni les importa que lo que están votando es una aberración jurídica, porque ya, a esta altura del partido, sienten que pueden hacer lo que quieran, hace más de 40 años “promulgaron” un Código Penal Revolucionario, que pretendía establecer una doctrina para la aplicación de lo que ellos llamaban la Justicia Revolucionaria y que sintetizaban como “JR”.

Allí el peor delito era el de “Contrarrevolución” y podía ser castigado hasta con la “Pena de Muerte”. Cuando alguien era “juzgado”, sin defensor y en ausencia y si resultaba condenado, la ejecución podía ser llevada adelante por cualquier miembro de la “orga”, dentro de los 10 días de publicada la sentencia.

Estos defensores de los derechos humanos, se arrogaron la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de muchas personas y pese a que a nuestros jóvenes se le cuenta una historia muy diferente, todos vimos aquel video - que fuera prohibido, pero que circuló en toda la Internet – en el que la Primera Dama y Primera Senadora, le contaba a la TV alemana (ya en democracia nuevamente), que en determinado momento tuvieron que realizar “ejecuciones”, pero que se analizaba cuidadosamente cada caso, antes de emitir la sentencia.

Esa es otra de las tergiversaciones de los hechos, ya que fueron decenas los asesinados en el marco de la “JR”, muchos de ellos policías, elegidos al azar, como forma de intimidación terrorista. Basta leer uno de los balances de 1969 - que hemos comentado en otras oportunidades - en el que, al referirse, a esos asesinatos escribían “5 chanchos muertos en 5 meses y medio, más los que fallaron por diversas causas, son un buen ejemplo de la aplicación de la JR”.

Traemos esto a colación, porque, como dijimos más arriba, ya que van a dar un golpe de estado para condenar a muerte en prisión a aquellos que los derrotaron e impidieron que sometieran a los orientales a un régimen marxista leninista, que en lugar de votar ese engendro disfrazado de norma jurídica, que promulguen aquella ley del 69 e incorporen al ordenamiento jurídico  uruguayo el Código Penal Revolucionario. De ese modo nadie podrá decir que desconocen la decisión de la ciudadanía, porque eso nunca fue objeto de una consulta popular y de paso pueden mostrar que se preocupan realmente por los DDHH y en lugar de dejar a los prisioneros sufriendo en la cárcel, se juntan en el despacho de Michelini (Presidente de la Comisión de Constitución del Senado) y “seleccionan cuidadosamente” a todos los que serán ejecutados, lo que, además será mucho más económico que alimentar a esos presos. Acá pueden poner como ejemplo el costo que tuvo el Estado uruguayo, cuando los mantuvo a ellos los 13 años que estuvieron en Libertad.

Para realizar las ejecuciones se podrá usar la Fortaleza del Cerro, a modo de homenaje al fuerte de La Cabaña, en donde el Ché ejecutaba a los condenados en Cuba al paredón, aunque se les podrá dar a optar a nuestros condenados entre una bala, en cuyo caso esas ejecuciones serán dirigidas por Lucía, con una boina roja, o una dosis de pentotal. Si el reo opta por la inyección, las ejecuciones estarán a cargo de los doctores Engler y Bassini, que lucirán la condecoración conmemorativa por el asesinato de Pascasio Báez.

Esto que está escrito de una forma irónica, no es ninguna broma, porque lo que van a hacer ahora, no es otra cosa que la continuación de sus acciones armadas, sólo que en aquella época fueron presos y ahora creen que nada ni nadie va a pararlos. ¿Será así? O alguien será capaz de hacerle ver a Mujica que como Presidente de todos los orientales, va a ser el responsable de lo que pueda pasar si se desconoce la voluntad del Cuerpo Electoral.

Le recomendamos escuchar “De poncho blanco”, en la versión que tiene el recitado de Alberto Candeau, cuando dice “El Pacto de la Cruz fue traicionado”. Hoy no hay un Aparicio, pero nunca se sabe que puede pasar cuando se desconoce al pueblo. 

Agustín Tajes