Esta vez no fueron ex Presidentes quienes reaccionaron sino el propio Pte. Mujica. Y no es para menos. La jueza Mariana Motta, que es empleada del Poder Judicial, criticó su conducta en un diario extranjero y formuló comentarios políticos que le estarían prohibidos. Y el Sr. Presidente se sorprendió, también, por el silencio de la Suprema Corte.
Según la jueza, el Ejecutivo no defiende los DDHH y no persigue como debiera a los violadores de los mismos: una misión casi sagrada que, según parece, ella sí cumpliría. Dijo que es porque los señores José Mujica y Fernández Huidobro “fueron rehenes de la dictadura”: eso les generó algún sentimiento de tolerancia, simpatía, temor, o algo así, hacia los pocos militares viejos que aún no están presos, indagados, acusados, citados o muertos.
Lo primero que evidencian sus dichos es que le mintió a la SCJ: no “se cruzó con la marcha por casualidad”, sino que participó en ella creyendo que nada se lo prohibía.
Lo segundo, es que miente al decirse “defensora de los DDHH” y que, además, es injusta al acusar al Pte. Mujica de no jugar a favor de su cuadro. El Sr. Presidente, de una sola patada y jugando en “offside”, hizo más de 80 goles para su equipo. Ella aparenta no ver, -aunque es “vox populi”-, que él juega con la camiseta al revés: igual que ella, defiende “los izquierdos humanos” de terroristas, comunistas e ingenuos engañados por su “doctrina” de la liberación nacional. Mujica pateó, junto con la Constitución, el derecho humano a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 7 y en otros de la Carta.
Cuando la Jueza Motta debió defender los DDHH de un muerto; cuando estaban las evidencias sin tocar y el cuerpo estaba tibio... ni siquiera fue a verlo: mandó arrasar con las pruebas y se transformó en encubridora de un “homicidio intencional especialmente agravado”. Peor que el que ella y sus colegas le endilgan a cuanto militar o policía se cruza en su camino. Aquí sí hubo concierto y no sólo entre los asesinos: incluyó a quienes tenían la obligación funcional y la orden judicial de proteger al muerto... ¡¡por denunciar los delitos que cometían y toleraban!! Igual que si le hubieran inyectado morfina a la enfermera que denunció al asesino serial.
Gracias a la señora jueza, el Poder Ejecutivo y un Tribunal de Apelaciones afirmaron que el muerto se suicidó solo: que nadie lo colgó del techo con su sábana. Y es por eso que la madre de Mauro Bozzatta, el preso asesinado, y el Instituto Técnico Forense, no pueden convencer a la Justicia de que la sábana era corta; de que el muerto estaba inconsciente por “la cantidad casi tóxica de Bromazepan” que recibió; de que no pudo hacer equilibrio en puntas de pie sobre una silla para llegar al techo... ¡y de que murió asfixiado y no por ahorcamiento! Con su ejemplar conducta la Dra. Motta probó que, para la Justicia, no todas las víctimas merecen que se defiendan sus DDHH.
Imaginen el conflicto interior que tendrán hoy en el Ministerio del Interior. Con el Pte. Mujica casi condecorando a la enfermera denunciante; con el Ministro Bonomi agradeciéndole por darle ya resuelto el mayor crimen de la historia; con el MSP diciendo a miles de funcionarios que deben “buchonear” para evitar más muertes; con las denuncias del Dr. Garcé confirmadas por las requisas y los presos que se balean entre ellos en las cárceles; y con los 96 celulares y cantidad de “cortes” en el sector femenino del CNR, donde nunca se publicó qué le requisaron a los hombres: ¿cómo evitarán que la madre de Bozzatta diga que a su hijo lo mataron por “buchón”, como él le adelantó, al denunciar el contubernio entre presos incorregibles y policías corruptos en el centro de “rehabilitación” donde murió? ¿Le explicarán que en los “países de primera”, como Cuba, para trabajar de “buchón” se exige aprobación oficial?
Pero éste no es el tema de mi carta. Si los lectores quieren saber más de este asesinato, -una obra típica del crimen organizado-, pueden poner en el buscador “El crimen del CNR y los DDHH” para conocer otros detalles.
La Dra. Motta miente al decir que algunos tupamaros fueron “rehenes de la dictadura”, porque esto es una invención que rechina con la Ley de Amnistía. Ella no puede ignorar los hechos ni la jurisprudencia: ¡si hasta pretende modificar la doctrina penal y borrar Principios de Derecho que la Humanidad ha honrado por siglos! La jueza, por serlo, tiene la obligación de saber que los terroristas estaban procesados o condenados por sus crímenes contra la Población, la Constitución y la Democracia de Uruguay. Lo fueron bajo la ley 14.068 que aprobó el Poder Legislativo: el elegido libremente antes de que la dictadura lo suprimiera. Esa ley ni siquiera fue derogada totalmente por la Ley de Amnistía que, confirmando su vigencia temporal, convalidó la actuación de la Justicia Militar al reducir a un tercio las penas de los sediciosos por las decenas de homicidios intencionales que ellos consumaron.
La Dra. Motta sabe que lo único que los tupamaros pueden sentir hacia los militares es agradecimiento. Primero, porque si no hubiera habido dictadura muchos habrían muerto en la cárcel a causa de sus crímenes. Jamás se hubieran beneficiado de una amnistía tan generosa como la que la democracia, la que intentaron destruir, les otorgó en 1985. Si ella y sus “compañeros” consideran justo penar ahora con 25 años de prisión a un militar que, -cumpliendo la ley vigente hace 40 años-, hizo un solo disparo hacia quienes le habían descerrajado tres tiros: ¿cuántos años les tocaría a los terroristas que decidieron, planificaron y ejecutaron el asesinato alevoso de dos, tres y hasta cuatro personas? ¿Y cuántos más les pondrían a los cabecillas sediciosos que ordenaron los 70 asesinatos que enlutaron al Uruguay pacífico y democrático de los años 60?
Muchos tupamaros agradecerán mientras vivan a la dictadura por la oportunidad que les brindó. Quienes huyeron al exterior, -pese a que eran terroristas condenados por la OEA y la ONU antes del golpe-, posaron de “perseguidos políticos” y les dieron asilo. En ciertos países, su prontuario criminal valía más como mérito que como condena y aún hoy se les honra por ello. En otros, de tolerancia rayana con la complicidad, fueron acogidos como víctimas de un gobierno arbitrario: por eso recibieron múltiples apoyos. Para todos, “el exilio” sumó a la “acumulación” para el futuro que algunos preveían.
Todos agradecen a los militares, -y a los políticos-, por su ingenuidad con respecto al dinero. En la Ley de Caducidad, los mismos militares pidieron que se excluyera a quienes hubieran actuado para lograr un beneficio económico: ley 15.848 artículo 2º inciso b. Pero nunca pidieron que se exigiera a los sediciosos, -MLN-T, PVP, OPR 33, etc.-, la devolución a la Nación de los millones de dólares que habían acumulado mediante secuestros, robos, asaltos y copamientos cometidos por más de una década. Y solamente los ex sediciosos saben si esa fortuna fue usada para sobrevivir, para hacerla crecer en un banco, para comprar negocios y conciencias como hace la mafia, o para alcanzar el Poder y mantenerse en él. Nadie ignora en el mundo que sin la plata para la propaganda no se logran los votos de la gente.
Quienes detentan el Gobierno agradecen a los militares por darles una excusa ideal para llegar a él, después que la vía violenta fracasó. No alcanzaba el “cuanto peor mejor”, ni el sabotear toda buena idea que “el enemigo” presentara, ni decirle al mundo en 2002 que la quiebra y el “default” eran inevitables: igual que en Argentina. Por eso cultivaron el rencor, fomentaron el odio y ofrecieron venganza: aglutinando todo “acumularon” fanatismo, dinero y votos para llegar a donde están. Los militares fueron el trampolín que usaron para elevarse más: si no hubiera habido dictadura, jamás habría saltado un ex terrorista hasta la cima del Estado.
Mujica, Huidobro y compañía agradecen a los militares hasta por saber cuál no será la causa de su muerte. Saben que será natural o accidental: nunca ante un “paredón” y por estar llenas las cárceles... como el MLN-T tenía decretado para los vencidos por su revolución “liberalizadora”. Claro, los acusados siempre tendrían un juicio secreto resuelto por votación democrática: las garantías que tuvieron quienes fueron ejecutados por los tupamaros cuando la dictadura no existía y nadie la podía imaginar.
El loable interés de nuestros Gobernantes por los DDHH viene desde el inicio de sus actividades políticas. Lo muestran los artículos que transcribo del Código Penal Revolucionario, Cap. III - DE LAS PENAS y Cap. IV – DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS. “Art. 23) La Pena de Prisión durará un máximo de 30 años y se cumplirá en establecimientos carcelarios con preferencia rurales donde el penado realizará trabajos obligatorios”. “Art. 30) Vista la dificultad para hacer efectiva la pena del Art. 23, se sustituye ésta, transitoriamente hasta la toma del poder por parte del pueblo, por la pena de muerte.”
Quizás la jueza Motta debería agradecer a los militares por el trabajo que hoy tiene. El Código habla de un solo tribunal y, a ejemplo de Cuba, serían muy pocos quienes tendrían la suerte de integrarlo.
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