12.671 funcionarios públicos

Estatales. Suman 264.078 y superan a los de 1995; hay 13.550 contratados

 

D. ISGLEAS / G. TERRA

Entre el 1° de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 el gobierno del presidente José Mujica incorporó 12.671 funcionarios públicos y la cifra total se elevó a 264.078. Supera a los que había en 1995, cuando se prohibió el ingreso al Estado.

La prohibición de ingreso de funcionarios públicos permitió que entre 1995 y 2005 el Estado redujera en 29.852 trabajadores su plantilla. En 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez, en su primera ley de Presupuesto, derogó la prohibición y reabrió las puertas de la administración pública. Desde ese momento el aumento de vínculos funcionales en el Estado no ha parado de crecer.

Entre 2005 y 2009 se crearon 23.232 nuevos vínculos laborales con el Estado, entre los que se cuentan funcionarios públicos y contratados en calidad de becarios, pasantes, arrendamiento de obra, etc.

Mujica asumió el gobierno con 264.957 dependientes del Estado (de los cuales 248.157 eran funcionarios públicos), cifra que en un año se elevó a 273.959 (9.002 más). El 2011 se cerró con 277.628 vínculos laborales. En ese año se incorporaron al Estado 3.669 dependientes que sumados a los ingresados durante 2010 totalizaron 12.671.

El aumento de la plantilla de dependientes en dos años de gobierno de Mujica corresponde a funcionarios públicos solamente, dado que la cifra de contratados bajo diversas modalidades se ha reducido.

En definitiva, entre el 1° de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, el Estado incorporó 9.421 nuevos funcionarios públicos y dio la calidad de tal a 3.250 trabajadores que estaban contratados a término bajo otras modalidades.

La cifra de públicos asciende a 264.078 y supera a los 261.122 que había en 1995, cuando se prohibió el ingreso al Estado. Los trabajadores contratados son 13.550, mientras que en 2004 eran 12.271. En total, al 31 de diciembre de 2011 había 277.628 vínculos laborales (funcionarios y contratados) vigentes con el Estado.

Los datos están contenidos en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento, que hace un balance de los gastos de 2011 y traza las perspectivas presupuestales para el año 2013, y que el martes 10 será explicado a los legisladores por el equipo económico.

En materia de recursos humanos, a través de distintas normas contenidas en la Rendición de Cuentas se suprimen 146 cargos y a la vez se crean otros 736, lo que da un saldo neto de 591 nuevos puestos de trabajo en el Estado con respecto al año 2011. Además, una norma habilita al Ministerio del Interior a establecer hasta 1.000 nuevos vínculos en forma de contratos. La comparecencia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y de las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, servirá para que el diputado nacionalista Jorge Gandini pregunte acerca de la necesidad del aumento de los funcionarios, mientras "el tan anunciado Estatuto del Funcionario Público" sigue sin ser enviado al Parlamento, dijo el legislador.

"El presidente (José) Mujica habla de que haya menos burocracia; se queja de eso pero no hace nada. Al contrario, suma vínculos laborales al Estado", añadió el representante de Alianza Nacional.

El proyecto de Rendición de Cuentas incluye US$ 129 millones en materia de egresos para 2013, los cuales se adicionan a los US$ 150 millones ya previstos en el Presupuesto para ese mismo año.

CONTRATOS. Luego de repasar el contenido del informe macroeconómico que acompaña el proyecto de Rendición, el diputado nacionalista Pablo Abdala destacó el "divorcio" que existe entre el planteamiento de incertidumbre que el gobierno ha intentado trasmitir alertando sobre la situación de la zona Euro y Estados Unidos y la esperada desaceleración económica en la región que podría repercutir en Uruguay, con el incremento del gasto.

La Rendición de Cuentas incluye en varios Incisos la creación de cargos de asesoramiento a los ministerios, como en Trabajo, Turismo y Relaciones Exteriores. Se crea un cargo de confianza política en el Ministerio de Desarrollo Social para un director de Desarrollo Social; y se crean además los tres cargos de confianza política para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), pero sin que se descentralice del INAU, tal cual había anunciado el gobierno.

En la administración central hay 2.400 cargos temporales que se rigen por el Derecho Público. Son contratos que se arrastran desde 1990 y que se crearon a partir de la intención de que en el Estado hubiera una reestructura organizativa, lo cual nunca se llegó a concretar. Las experiencias piloto se aplicarían en los ministerios de Vivienda, Salud Pública, e Industria, a los cuales se iba a sumar el ministerio de Desarrollo Social, pero como las reestructuras no se concretaron, la precariedad laboral de esos 2.400 contratos continúa vigente.

Los contratos iban a desaparecer al vencer el plazo y por la instrumentación de la reforma del Estado, pero se han venido prorrogando sucesivamente al no cumplirse la tarea para la que fueron creados. En el último Presupuesto, esos contratos fueron prorrogados bajo la denominación de "contrataciones imprescindibles para las reestructuras organizativas".

Uno de los elementos que mejor describe la precariedad de algunas situaciones es lo que ocurre en el Mides, donde tres cuartas partes de los funcionarios son titulares de contratos laborales con ONG o fundaciones. El Mides ha tercerizado buena parte de sus cometidos, muchos de los cuales se han adjudicado en forma directa a cooperativas.

Además, por el artículo 7° del proyecto de Rendición de Cuentas se crea una comisión para asesorar al Poder Ejecutivo en cuanto a la remuneración de los funcionarios públicos en general y sin dar mayores detalles de si se trata de un marco para el nuevo Estatuto.

Legisladores de la oposición consultados por El País coincidieron en que esa definición "es de una enorme vaguedad" y que por eso se trata de un "artículo peligroso".

LAS CIFRAS

23.232

Aumento de los públicos y contratados durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que derogó la prohibición de ingreso al Estado.

35.903

Cantidad de públicos y contratados que sumó el Estado desde 2005, año en que fue derogada la prohibición de ingreso.

Seis de cada diez pesos se destinan a salarios

En el Estado el peso del gasto en salarios es significativamente mayor al de rubros como inversiones o funcionamiento. Durante 2011, seis de cada diez pesos gastados fueron destinados a remuneraciones en la Administración Central y los organismos del artículo 220. La Rendición de Cuentas enviada al Parlamento destaca que "incluso en el último año se incrementó el peso de las remuneraciones, debido a las asignaciones incrementales establecidas en la última Ley de Presupuesto, destacándose la incidencia de los aumentos en la masa salarial de los organismos de la educación y del Ministerio del Interior asociados a las prioridades establecidas en materia de educación y seguridad, servicios intensivos en recursos humanos". De toda la masa de dinero disponible, los gastos de funcionamiento representan un 26% y las inversiones un 14%. La Rendición de Cuentas incluye partidas salariales con vigencia al 1° de enero de 2013. Del incremento de $ 2.807 millones previsto, casi $ 1.000 millones son para salarios.

En el Ministerio de Defensa se destinan $ 80 millones de pesos íntegramente para compensaciones y creación de cargos. La mayor partida salarial es para ASSE, a la que se le otorgan $ 700 millones del total de $ 757 millones asignados. En el Ministerio del Interior se destinan $ 126 millones para recursos humanos.